"Es necesario un discernimiento informado y un voto consciente"
A propósito de la propuesta constitucional que se someterá a votación popular el próximo 4 de septiembre, para ser aprobada o rechazada, los obispos de Chile se reunieron y emitieron un pronunciamiento formal frente al texto que conforma el proyecto de carta magna…
“Los obispos, preocupados por la vida y el desarrollo de nuestro pueblo, ofrecemos nuestras orientaciones para iluminar desde la Palabra de Dios la conciencia de todos, especialmente de quienes profesan la fe cristiana”.
A continuación, el pronunciamiento en cuestión, con temas precisados y su valoración:
Discernimiento informado y voto en conciencia
1. El próximo 4 de septiembre de 2022, estamos llamados a aprobar o rechazar el proyecto de una nueva Constitución Política para Chile. Es una propuesta inserta en un proceso histórico que hemos vivido como país en los últimos años, donde destaca, entre otros aspectos, la crisis de octubre de 2019 y la voluntad expresada por la ciudadanía de contar con un nuevo texto constitucional. Pero, sobre todo, es una propuesta que nos hace situarnos ante nuestro futuro, con el desafío de discernir si el texto ofrecido nos dota o no de un marco social y jurídico adecuado, para edificar la paz, la solidaridad y la justicia en nuestra patria, asegurando el funcionamiento institucional que lo haga posible y permita encauzar las demandas de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables.
2. El debate público de estas últimas semanas nos muestra que el texto propuesto no ha concitado una aceptación amplia y transversal. Nos enfrentamos, entonces, a una elección entre dos posiciones fuertemente tensionadas entre sí, lo que hace compleja la decisión de cada ciudadano. Pero, por lo mismo, es necesario un discernimiento informado y un voto en conciencia, poniendo siempre por delante el bien común del país: “La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla”[1]. Por consiguiente, llamamos a cumplir con el deber cívico de ir a votar.
3. Los obispos, preocupados por la vida y el desarrollo de nuestro pueblo, ofrecemos nuestras orientaciones para iluminar desde la Palabra de Dios la conciencia de todos, especialmente de quienes profesan la fe cristiana. No proponemos soluciones técnicas, que tienen que ser discutidas por la sociedad en su conjunto; nuestro deseo es siempre unir a la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Lo hacemos desde la Doctrina Social de la Iglesia, que se funda sobre principios y valores esenciales para establecer un orden social justo. El primero de esos principios es la dignidad de la persona humana, seguido de otros como el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad, además de otros principios derivados, y de valores como la verdad, la libertad, la justicia, la paz y la caridad. Todos ellos, debidamente articulados, con su contenido específico, orientan desde la fe y la razón la construcción de la sociedad humana.
Valoración ético-social de la propuesta constitucional
4. Analizados desde la enseñanza social de la Iglesia los contenidos estructurales de la propuesta de nueva Constitución, podemos afirmar que no todas las materias tienen la misma densidad ética, por lo que una valoración moral sobre ellas requiere necesarias distinciones.
5. Gran parte de las propuestas acerca de cómo organizar la “casa común” entran en lo que es opinable, ante las cuales es legítima una pluralidad de opciones. Nos referimos a temas como el sistema político y los poderes del Estado, el Estado regional y la organización territorial, así como la estructuración de diversos órganos constitucionales. Que sean opinables no significa que no sean importantes. Al contrario, en ellos se juega la configuración concreta del modo de organizarnos como país. Por eso, es una obligación de cada uno formar sus convicciones mediante un adecuado discernimiento, leyendo el texto y escuchando voces autorizadas en las materias, para juzgar así la pertinencia, viabilidad y oportunidad de lo propuesto, en vistas de una mejor consecución del bien común.
6. Otros contenidos tienen una especial radicalidad antropológica, en cuanto implican aspectos esenciales de la persona humana y tienen consecuencias sociales de gran impacto y complejidad. Por eso se requiere ante ellos un razonamiento pausado y bien informado, que permita hacer una adecuada valoración ética. Es decir, discernir en conciencia si se respeta y promueve la dignidad del ser humano, se contribuye a la realización del bien común y se aplican los otros valores de la enseñanza social que fomentan un orden justo.
7. En este sentido, apreciamos el texto constitucional en su propuesta sobre los derechos sociales, el medioambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios. Y hacemos una valoración negativa de las normas que permiten la interrupción del embarazo, las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las que desfiguran la comprensión de la familia, las que restringen la libertad de los padres sobre la enseñanza de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones en el derecho a la educación y a la libertad religiosa. Consideramos de especial gravedad la introducción del aborto, que el texto de propuesta constitucional denomina “derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.
8. En los puntos siguientes, desarrollamos brevemente estos temas esenciales, con la finalidad de contribuir al discernimiento.
Hacemos una valoración negativa de las normas que permiten la interrupción del embarazo, las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las que desfiguran la comprensión de la familia, las que restringen la libertad de los padres sobre la enseñanza de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones en el derecho a la educación y a la libertad religiosa. Consideramos de especial gravedad la introducción del aborto, que el texto de propuesta constitucional denomina ‘derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Valor de la vida humana, interrupción del embarazo y muerte digna
9. La propuesta constitucional sostiene que “toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos” (art. 61), lo que incluye el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la garantía del Estado para asegurar a “todas las mujeres y personas con capacidad de gestar”, entre otras cosas, “una interrupción voluntaria del embarazo”.
10. Esta disposición, evidentemente, introduce el aborto, y lo hace en el nivel normativo más alto, el constitucional. Además, el artículo establece que el Estado garantiza el ejercicio de este derecho, libre “de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”, con lo cual no solo excluye la participación del padre en esta decisión, sino también el ejercicio de la objeción de conciencia personal e institucional, derecho esencial en estas materias morales donde se juegan principios tan fundamentales, que afectan directamente las concepciones éticas, religiosas y morales de muchas personas.
11. Esta norma es la disposición de mayor gravedad moral contenida en el proyecto constitucional. Aun entendiendo que hay, a veces, situaciones complejas en las que se engendra una nueva vida, no hay que olvidar que el embrión es un ser humano al que se le debe reconocer los derechos inalienables de la persona, y “no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana”[2]. Como señala el profeta Jeremías: “El Señor me dirigió la palabra: Antes de formarte en el vientre, te conocía, y antes de salir del seno materno te consagré profeta de las naciones”[3]. Incluso si hubiera un derecho a decidir sobre el propio cuerpo, esto no puede justificar una interrupción voluntaria del embarazo, porque la creatura concebida en el vientre es otro ser humano, con un código genético distinto e individual. El embrión no pertenece a la mujer como si fuera un órgano más.
12. Llama la atención que la propuesta constitucional reconozca derechos a la naturaleza y exprese preocupación por los animales como seres sintientes, pero no reconozca ninguna dignidad ni ningún derecho a un ser humano en el vientre materno. Y esto da a la propuesta una impronta deshumanizante, porque deja indefensos a los seres humanos más frágiles y propone como solución a un problema real un acto violento.
13. La enseñanza de la Iglesia en este tema es clara y constante, y especialmente el católico debe considerarla en su discernimiento. El Concilio Vaticano II enseña que “Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Por tanto, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables”[4]. Y San Juan Pablo II en la Encíclica Evangelium vitae expone: “El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. (…) En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto”[5].
14. Además del aborto, es motivo de preocupación la norma constitucional que asegura a toda persona el derecho a una muerte digna (art. 68). Bajo este concepto, se introduce en nuestra cultura la eutanasia, que es una acción u omisión con el fin de causar directamente la muerte, y así eliminar el dolor. Es valorable que el texto constitucional garantice el acceso a los cuidados paliativos a enfermos graves y crónicos (art. 68, 3), porque es un camino indispensable para acompañar a hermanos nuestros especialmente vulnerables, pero la “muerte digna” es otra cosa y es un derecho ambiguo, porque pretende solucionar un problema acabando deliberadamente con una vida humana. Aquí está su carácter deshumanizante, porque fomenta la cultura del descarte y puede hacer todavía más frágil la vida de personas ya muy débiles por la enfermedad.
Derechos sociales, medioambiente, rol del Estado y subsidiariedad
15. Es esperanzador el compromiso de garantizar una amplia gama de derechos fundamentales, humanos y sociales, como la educación, el trabajo, la vivienda digna, la propiedad, la salud y el bienestar integral, la igualdad y no discriminación, la seguridad (pública, social, alimentaria e informática), entre otros. Destacan, de manera especial, los derechos de los adultos mayores, de personas con discapacidad y de personas privadas de libertad. También es valorable la preocupación por la protección del medioambiente y la naturaleza, tema especialmente sensible en el magisterio del Papa Francisco: “Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos”[6]. Aunque sean enunciados a los que falta mucho camino por recorrer, buena parte de estos derechos manifiestan un compromiso por el bien común, especialmente con los que más sufren.
16. Desde esta perspectiva, un elemento importante al discernir sobre los derechos sociales, es situarlos al interior de un sueño compartido de fraternidad, y no desde una mirada individualista. Muchas veces hay una tendencia a una reivindicación siempre más amplia de derechos individuales, pero que esconde una concepción de la persona humana desligada de todo contexto social y antropológico. Nos dice el Papa Francisco que “si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y, consecuentemente, se transforma en fuente de conflictos y de violencia”[7]. Se trata de buscar, entonces, el bien nuestro junto al bien de todos.
17. Por otra parte, es importante hacer dialogar al Estado social de derechos con el principio de subsidiariedad, que es mucho más amplio que los derechos a la libertad económica. El Estado debe tener un papel activo en la consecución del bien común y en la protección de los más frágiles (Estado social), pero ha de integrar, respetar y ayudar a sostener la acción colaborativa de múltiples iniciativas privadas que tienen objetivos sociales en muy diversos campos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según éste, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común” (N° 1883). Parece importante discernir si en la propuesta constitucional este criterio está bien resguardado o hay un exceso de Estado, en desmedro de la autonomía de las personas y grupos sociales para conseguir el bien común.
Plurinacionalidad y pueblos indígenas
18. La propuesta constitucional sostiene que Chile “es plurinacional, intercultural” (art. 1,1) y “reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado” (art. 5,1), señalando que el Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar diversos derechos de esos pueblos. Numerosos artículos del proyecto expresan ámbitos en que deben ejercitarse y normarse esos derechos.
19. Desde la enseñanza social de la Iglesia, es un valor el reconocimiento de los derechos de estos pueblos. Tantas veces sus aspiraciones, sus vidas y sus culturas, no han sido considerados por muchos chilenos; y, aunque ha crecido en las últimas décadas una nueva sensibilidad hacia ellos, arrastramos una injusticia histórica que los ha menoscabado. Por eso, es importante un cambio real, que se traduzca en políticas y prácticas que expresen un nuevo trato y una integración verdadera al país y a su desarrollo.
20. Un criterio de discernimiento, sin embargo, es apreciar si la integración e interdependencia entre estos pueblos y el país en su conjunto está bien lograda en el texto constitucional, si es pertinente reconocer naciones indígenas con autogobierno y autodeterminación en ámbitos sensibles, que podrán participar “si así lo desean en la vida política, económica, social y cultural del Estado” (art. 34). Con esta lógica, es posible pensar en un conjunto de naciones dentro de Chile, las cuales podrían determinar su relación con el resto del país de modo autónomo y, a la vez, consagrado en la Constitución. Para la Iglesia, es posible “desarrollar relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de poder de unos sobre otros, sino diálogo desde visiones culturales diferentes”[8]. Para el Papa, “la propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor”[9].
Familia, educación de los hijos e ideología de género
21. La familia es un valor esencial no solo para la Iglesia, sino para toda la sociedad. Por eso, el Estado debe protegerla y auxiliarla para que pueda asumir sus responsabilidades, pero no debe sustraerla de las tareas que puede desempeñar sola o libremente asociada con otras familias.
22. La propuesta constitucional asume este deber del Estado, pero amplía el concepto de familia al hablar de “familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos” (art. 10). Manifiesta, de esta manera, un afán inclusivo que termina por desfigurar la naturaleza de la familia. ¿Qué significa, en definitiva, ir más allá de los vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos? ¿Hasta dónde puede llegar esta ampliación? Estamos ante una acepción neutra y desfigurada de familia, que la deja como un modo de organización al mismo nivel que una asociación, perdiendo efectividad finalmente la protección que el Estado debe dar, pues cualquier grupo de personas podría ser considerado una familia.
23. Una de las responsabilidades esenciales de la familia es la educación de los hijos, un derecho y un deber insustituible e inalienable, que no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. La propuesta constitucional sostiene el deber del Estado respecto de la educación, pero no es del todo clara en expresar un derecho preferente y directo de los padres de educar a sus hijos; solo expresa “la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo” (art. 41, 2).
24. Cuando se aborda la educación en la afectividad y sexualidad, el texto constitucional expresa el derecho de toda persona “a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva” (art. 40). En ningún momento se establece la responsabilidad de los padres y la importancia de incorporar su participación en la educación en la afectividad de sus hijos. Se deja solo en manos de la autoridad la determinación de los planes y programas, restringiendo el Estado un derecho innato de los progenitores en la educación de sus hijos.
25. Preocupa también, en este campo, la fuerte presencia de la ideología de género en el texto, pues da la impresión de que busca imponerse como un pensamiento único en la cultura y el sistema educativo, lo que daña el principio de libertad de enseñanza de los padres respecto de sus hijos[10].
Desigual trato constitucional a la educación particular subvencionada
26. La propuesta constitucional tiene la preocupación por promover una educación de calidad y accesible para todos. Para ello, crea un Sistema Nacional de Educación, donde están incorporados tanto establecimientos estatales como aquellos reconocidos por el Estado. Sin embargo, luego establece un “Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales”, que se señala como el “eje estratégico” del Sistema Nacional, obligándose el Estado a ampliarlo, fortalecerlo y financiarlo de manera directa con aportes basales.
27. Nos parece muy bien fortalecer la educación pública, pero hay un silencio manifiesto en el proyecto de texto constitucional respecto de la educación particular subvencionada, que también tiene una función pública evidente. Si en el sistema particular subvencionado estudia más del 55% de los estudiantes chilenos, con un altísimo porcentaje de estudiantes vulnerables, ¿por qué no se consagra el derecho constitucional a esas otras propuestas de iniciativa particular, subvencionadas con fondos públicos de Educación, bajo la supervisión del Estado, para garantizar la libertad de enseñanza que se declara en el art. 41,1? El Estado tiene deberes de rango constitucional no sólo con los estudiantes de sistema público, sino con todos los estudiantes del país, por lo que debería consagrar igualmente el apoyo y fortalecimiento de establecimientos educacionales no estatales, sujetos a la supervigilancia de la autoridad.
28. Por otra parte, la propuesta no establece expresamente el derecho de los padres a crear y sostener establecimientos educacionales de diverso tipo, ni la obligación de proveer los recursos económicos pertinentes. Sí lo hace respecto de los pueblos originarios, al reconocerles autonomía “para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura” (art. 36, 5). Cabe preguntarse, por qué se explicita este reconocimiento solo a los pueblos originarios y no a otras instancias colectivas con sus propias cosmovisiones.
Libertad religiosa
29. La libertad religiosa no es un valor solo para las confesiones religiosas, sino un derecho fundamental, inscrito en la naturaleza humana que no debe ser ni obstaculizado ni coaccionado en su ejercicio. La propuesta constitucional reconoce este derecho en su art. 9, y el art. 67 señala que “el Estado reconoce la espiritualidad como un elemento esencial del ser humano”.
30. La propuesta plantea, sin embargo, que el ejercicio de este derecho debe hacerse “de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece” (art. 67,4), lo que en principio parece lógico. El problema es que el proyecto, entre otros aspectos, sostiene el derecho al aborto, asume una orientación cuestionable de la educación sexual donde los padres participan de una forma muy insuficiente, y promueve una teoría radical de género; todos aspectos incompatibles con la fe cristiana. Al quedar sujetos a lo que establece la propuesta de Constitución, se pone en riesgo la libertad religiosa, lo que se agrava si consideramos que la propuesta no da un rango constitucional a la objeción de conciencia. Habría personas o instituciones que, por lo tanto, podrían ser forzadas a asumir prácticas o transmitir valores contradictorios con su fe.
31. Asimismo, la regulación que el proyecto establece no reconoce algunos elementos esenciales, como la autonomía interna de las confesiones, el reconocimiento de sus propias normas y la capacidad de éstas de celebrar acuerdos que aseguren su plena libertad en la atención de los miembros de las mismas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad (hospitales, lugares de cumplimiento de penas, hogares de menores, etc.). Por último, nos parece que el sistema establecido para dar reconocimiento jurídico a las confesiones, deja en manos de órganos administrativos su existencia o supresión, lo cual puede poner en peligro. el pleno ejercicio de la libertad religiosa.
Un llamado final
32. Como lo han expresado diversas voces, todo indica que el debate constitucional continuará en el país después del 4 de septiembre, independiente de la opción que triunfe en el plebiscito. Es importante que sea un debate no solo por un texto y las mejores normas, sino por cómo seguimos buscando un desarrollo cada vez más humano e integral para todos, pues “el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día”[11]. Por consiguiente, invitamos a que nadie se reste de colaborar en la construcción de un proyecto común.
33. Para avanzar en esta dirección, en medio de tantas realidades complejas que atraviesa la humanidad, es esencial crecer en diálogo y amistad social, forjando una cultura del encuentro que esté animada por un sueño de fraternidad común. No puede ser que creamos, cualquier persona o sector, que la verdad está solo de nuestra parte, o que solo nosotros estamos en el lado correcto de la historia. La democracia, sus diversas instituciones y organizaciones políticas y sociales, será siempre el mejor camino para abordar nuestras legítimas diferencias, pero hemos de esforzarnos todavía más para que sea una democracia animada por dinamismos de encuentro y diálogo, y fundamentada en el sagrado respeto por la dignidad humana. Asimismo tenemos que recuperar nuestra memoria histórica con sus luces y sus sombras, aciertos y errores, para proyectarnos a un futuro en que todos encuentren cabida en la casa común.
34. También nos parece esencial que cada ciudadano y ciudadana se comprometa personalmente con el bien común y la justicia, y busque ser artífice de paz en los diversos ambientes en que convive con los demás. Porque ningún texto constitucional podrá reemplazar la conversión del corazón humano y de nuestras relaciones, como actitudes fundamentales para edificar un mejor país.
35. A nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a reconocernos como hermanos e hijos del mismo Padre, le confiamos los caminos de nuestra patria. Nos ponemos humildemente bajo la protección de la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, y pedimos a todos orar para que nuestra nación se encamine siempre por las vías de la paz y la concordia.
Padre Hurtado, 22 de julio de 2022.
+ Moisés Atisha Contreras
Obispo de Arica
+ Isauro Covilli Linfati
Obispo Iquique
+ Oscar Blanco Martínez
Obispo de Calama
+ Ignacio Ducasse Medina
Arzobispo de Antofagasta
+ Ricardo Morales Galindo
Obispo de Copiapó
+ René Rebolledo Salinas
Arzobispo de La Serena
Pbro. Luis Lazo Díaz
Adm. Diocesano de Illapel
+ Gonzalo Bravo Álvarez
Obispo de San Felipe
+ Jorge Vega Velasco
Obispo de Valparaíso
+ Card. Celestino Aós Braco
Arzobispo de Santiago
+ Alberto Lorenzelli Rossi
Obispo Auxiliar de Santiago
+ Julio Larrondo Yáñez
Obispo Auxiliar de Santiago
+ Carlos Godoy Labraña
Obispo Auxiliar de Santiago
+ Cristián Castro Toovey
Obispo Auxiliar de Santiago
+ Alvaro Chordi Miranda
Electo Obispo Auxiliar de Santiago
+ Juan I. González Errázuriz
Obispo de San Bernardo
+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla
+ Guillermo Vera Soto
Obispo de Rancagua
+ Galo Fernández Villaseca
Obispo de Talca
+ Tomislav Koljatic Maroevic
Obispo de Linares
+ Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán
+ Fernando Chomali Garib
Arzobispo de Concepción
+ Bernardo Álvarez Tapia
Obispo Auxiliar de Concepción
+ Oscar García Barreto
Obispo Auxiliar de Concepción
+ Felipe Bacarreza Rodríguez
Obispo de Santa María de los Ángeles
Pbro. Juan Basly Erices
Adm. Diocesano de Temuco
+ Francisco J. Stegmeier Shimidlin
Obispo de Villarrica
+ Santiago Silva Retamales
Obispo de Valdivia
+ Jorge Concha Cayuqueo
Obispo de Osorno
+ Fernando Ramos Pérez
Arzobispo de Puerto Montt
+ Juan María Agurto Muñoz
Obispo de Ancud
+ Luis Infanti della Mora
Obispo Vicario Apostólico de Aysén
+ Bernardo Bastres Florence
Adm. Apostólico de Punta Arenas
+ Pedro Ossandón Buljevic
Obispo Castrense de Chile.
Fuente: iglesia.cl